En el ámbito de los procedimientos judiciales civiles, no todas las partes quedan satisfechas con el resultado. Para estos casos, existe el recurso de apelación civil, una herramienta legal que permite impugnar una resolución judicial y solicitar que un tribunal superior la revise.
El recurso de apelación permite cuestionar tanto la interpretación jurídica como la valoración de los hechos realizada por el juez de primera instancia. Se trata de una garantía básica del derecho a una segunda instancia dentro del proceso civil.
No todas las resoluciones pueden ser objeto de apelación. Solo se puede apelar aquellas que pongan fin al proceso, lo paralicen o afecten gravemente a los derechos de las partes. La sentencia judicial es el acto más habitual que se recurre.
En general, para que una sentencia sea apelable, el valor del litigio debe superar los 3.000 €. Sin embargo, existen excepciones si se han vulnerado derechos fundamentales.
El plazo para interponer un recurso de apelación civil es de 20 días hábiles desde que se notifica la sentencia. Si no se presenta en ese tiempo, la sentencia adquiere firmeza y no podrá revisarse.
El recurso se presenta ante el mismo juzgado que dictó la resolución. Ese juzgado lo remite a la Audiencia Provincial, encargada de revisar el caso. Durante este trámite se permite presentar alegaciones y, en casos excepcionales, nueva prueba.
Interponer el recurso no siempre implica que se suspendan los efectos de la sentencia judicial. No obstante, lo más común es que se paralice la ejecución mientras se resuelve el recurso.
Para presentar un recurso de apelación civil es obligatorio contar con abogado y procurador. El abogado redacta el recurso y el procurador lo gestiona ante el juzgado y las notificaciones.
Recurrir una sentencia judicial puede ser la única forma de corregir errores del primer juicio. Por eso, es fundamental que el recurso esté bien fundamentado y presentado dentro del plazo legal.
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